La Ley 1676 de 2013 “por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias“ reformó integralmente el sistema de garantías sobre bienes muebles en Colombia, mediante la modernización de los mecanismos para constituir, registrar y ejecutar dichas garantías, todo con un objetivo principal que no es otro que incrementar el acceso al crédito. Para efectos de lograr una efectiva aplicación de la Ley se requerían de varias acciones, entre ellas, su reglamentación a través de los respectivos decretos.

En febrero del año pasado, entró en funcionamiento el Registro Centralizado de las garantías en Confecámaras, con la expedición del Decreto 400, que ya cuenta con un total de 1.863.000 de garantía inscritas, y recientemente se expidió Decreto 1835 de 2015 que regula los mecanismos de ejecución especial o extrajudicial de las garantías mobiliarias.

No es un secreto que la congestión judicial y los obstáculos de índole procesal del país, han impedido hasta ahora que la ejecución de las garantías se realice ágil y eficazmente. Esta situación resulta aún más grave en el caso de las obligaciones respaldadas con bienes muebles debido a que éstos se deprecian rápidamente. Son bienvenidas las posibilidades que ofrecen la Ley y el decreto a los acreedores para lograr el cobro de sus obligaciones. Mecanismos como la ejecución especial ante notarios y Cámaras de Comercio sin intervención judicial en caso de no presentarse oposición, la facultad que se otorga al acreedor de realizar el pago directo cuando conserve la tenencia del bien o cuando así se haya pactado y la opción de una rápida restitución de los bienes dados en leasing, son alternativas que beneficiarán el otorgamiento de crédito.

Para las compañías de financiamiento, que se especializan en ciertas líneas de negocio y cuyas operaciones de financiación se respaldan mayoritariamente con bienes muebles, resultaba necesario contar con todas las herramientas jurídicas para iniciar la aplicación del nuevo sistema. Las entidades especializadas en financiación de vehículos esperaron con gran expectativa el decreto de ejecución, pues se había anunciado que eliminaría el doble registro de las garantías sobre tales bienes, cuya inscripción debe realizarse tanto en el Registro Nacional Automotor como en el de Garantías Mobiliarias.

Tal duplicidad persiste en el Decreto 1835, debiéndose inscribir la constitución de la garantía en ambos registros, mientras que lo referente a la modificación, ejecución, restitución y cancelación se deberá anotar en el Registro Confecámaras. Ambos registros estarán en permanente interoperabilidad a través de medios electrónicos. Para la industria, es de trascendental importancia que a la mayor brevedad el Ministerio de Transporte y el de Comercio, Industria y Turismo definan los procedimientos y desarrollos para lograr dicha interoperabilidad. Mientras, la inscripción y cancelación de las garantías mobiliarias sobre vehículos continuará haciéndose tanto en el Registro Nacional Automotor como en el Registro de Garantías Mobiliarias, situación que no es recomendable.

Con el Decreto 1835, Colombia se une al grupo de países que con esquemas similares al adoptado por la Ley 1676, han incrementado el crédito favoreciendo especialmente al sector empresarial, pero se requiere de un periodo de ajuste para asimilar la nueva normatividad.

Por: Clara Escobar Ramos

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